El Consejo de COAPIS prevé más bajadas de las rentas en los próximos meses y critica el control anunciado por el Gobierno.

COAPIS: las viviendas en alquiler tardan más tiempo en encontrar inquilino, a pesar de la caída de precios.

La crisis del coronavirus ha cambiado nuestras vidas y ha supuesto un punto de inflexión para la vivienda.

La estabilización de las operaciones y los precios que existía antes de la pandemia ha dado paso a los descensos. Y la incertidumbre no sólo está reduciendo los precios, sino que también está cambiando las necesidades de los ciudadanos.

Según un estudio del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI) de España, esta máxima se está reflejando en el mercado del alquiler, donde las rentas están cayendo de media entre un 3% y 6% en las grandes capitales. El organismo asegura que algunos inmuebles ubicados en determinadas zonas están sufriendo ajustes mayores que alcanzan los dos dígitos respecto a los niveles precovid, aunque matiza que “en ocasiones, no se está produciendo una rebaja de la renta, sino una flexibilidad en las condiciones de pago”.

El CGCOAPI sostiene que “el impacto en los precios del alquiler que está provocando la pandemia se está observando ahora, tras seis meses de las medidas restrictivas de movilidad que han alterado los mercados” y cree que “es la propia evolución de la economía la que está provocando estos cambios, como, por ejemplo, el crecimiento del paro y la obtención de menores ingresos. Es factible que en los próximos meses se consoliden determinadas tendencias a la baja, por la propia situación vital tanto de arrendadores, que necesitan recibir esos ingresos, como de los arrendatarios, que necesitan mantener su residencia”.

El Consejo recuerda que el mercado sufrió una paralización durante el estado de alarma por varios motivos, como la limitación de la movilidad, el cambio repentino de las condiciones del entorno laboral que se tenían anteriormente y que motivaban en muchas ocasiones el cambio de zona geográfica de residencia, así como el freno de muchos negocios y empresas, que habitualmente necesitaban la opción del alquiler para alojar trabajadores, celebrar reuniones o presentar proyectos.

Además del factor económico, el organismo pone sobre la mesa el aumento de la oferta de viviendas de alquiler en el mercado, gracias a que muchos propietarios que antes de la pandemia destinaban sus pisos al alquiler turístico han trasladado los inmuebles a la oferta de alquiler residencial. Según los datos de idealista, la oferta de viviendas de alquiler se ha disparado más de un 60% desde el inicio de la pandemia.

Al margen de los precios, otra de las alteraciones que está sufriendo el mercado del alquiler es que se está ampliando el plazo temporal que tarda un propietario en encontrar un inquilino. “Un inmueble que se alquilaba antes en 48 horas, ahora puede tardar semanas”, explica el Consejo General de COAPIS. El principal motivo de que las viviendas en alquiler tarden más en encontrar arrendatario es que “el dinamismo que existía en el alquiler antes del confinamiento ahora ya ha cambiado y el mercado se caracteriza por una mayor lentitud en la necesidad y en la búsqueda”, insiste.

Teniendo en cuenta estos cambios que se han producido en el mercado de alquiler poco más de medio año, los Agentes de la Propiedad miran con recelo el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para poner en marcha de un control de los precios de los alquileres en los próximos meses.

Al igual que otras voces del sector inmobiliario, el Consejo General de COAPIS opina que la medida “no favorecerá el acceso a la vivienda de aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos ni de aquellos que se encuentran en situación vulnerabilidad. Se trata de una medida de carácter populista que, si bien puede suponer a corto plazo una respuesta efectiva sobre el precio del alquiler, la realidad comportará una reducción de la oferta de alquiler”.

Además, considera que “traslada exclusivamente la problemática del aumento del precio del alquiler de la vivienda al sector privado. Es indispensable buscar el justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios. El derecho a la propiedad privada es también un derecho expresamente reconocido en la Constitución y es por ello que las Administraciones Públicas tienen la obligación de actuar contra el origen del incremento del precio, que no es otro que la escasez de oferta”.